Abogado y precursor del movimiento de independencia, nació el 9 de junio de 1760, en Ciénaga del Rincón de Mata, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Fue abogado y síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México.

Cuando llegaron a la Nueva España las noticias de la abdicación de la familia real por causa de la invasión napoleónica en la península Ibérica, se empezó a plantear el grave problema de la vinculación de la Colonia con su Metrópoli que carecía de un gobierno legítimo.

El 15 de julio de 1808 el virrey, José de Iturrigaray, consulta con el Real Acuerdo, cuerpo formado por los oidores para asesorarlo en los asuntos difíciles, el problema de gobierno y ya se empiezan a entrever las intenciones independentistas del virrey.

El día 19 de ese mes, el Lic. Francisco Primo de Verdad presenta al virrey la Declaración de Autodeterminación de México, en la que el Ayuntamiento de la ciudad de México, "en representación de todo el reino", exponía los siguientes puntos:

- Que las renuncias de los monarcas españoles eran nulas porque fueron "arrancadas por la violencia".

- Que la soberanía radicaba en todo el pueblo y en particular en los cuerpos que llevaban la voz pública, "quienes la conservarían para devolverla al legítimo sucesor, cuando se hallase (España) libre de fuerzas extranjeras".

- Y que, en consecuencia, debía el virrey continuar provisionalmente en el gobierno.

Los oidores objetaron el documento, y el día 9 de agosto se reunieron en una junta las principales autoridades de la ciudad: virrey, oidores, arzobispos, canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, jefes de oficina, títulos, vecinos principales y gobernadores de las parcialidades de indios- para examinar el asunto.

El licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos planteó la necesidad de formar un gobierno provisional y propuso el desconocimiento de las juntas peninsulares, cuya creación se había conocido en México desde el 29 de julio.

Los oidores y fiscales se opusieron con vehemencia y opinaron lo contrario, y el inquisidor Prado y Ovejero declaró "proscrita y maldecida por la Iglesia" la afirmación de que la soberanía había vuelto al pueblo. Convinieron en cambio, en que Iturrigaray continuara como lugarteniente de Fernando VII, a quien todos juraron fidelidad el 15 de agosto.

Para entonces eran ya claros los dos partidos antagónicos: Los españoles que sospechaban que el Ayuntamiento aspiraba a la independencia, y los criollos que suponían que la Audiencia deseaba mantener la subordinación a España, aún sometida a Napoleón.

El 12 de agosto Iturrigaray dispuso que no se obedeciera a ninguna junta peninsular, a menos que fuera creada por Fernando VII, con lo cual, estando el monarca prisionero, se desligaba de toda autoridad en España. Estos hechos persuadieron a los españoles de las intenciones independentistas del virrey y decidieron deponerlo.

La noche del 15 de septiembre, 300 hombres, encabezados por el rico comerciante Gabriel de Yermo y con la complicidad de la guardia de palacio, entraron a éste e hicieron prisionero a Iturrigaray, a quien enviaron a la Inquisición con sus dos hijos mayores.

Fueron también detenidos el licenciado Verdad, Juan Francisco Azcárate y Lezama, José Antonio Cristo y fray Melchor de Talamantes. Mientras tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables, reunidos en la sala de acuerdos, declararon al virrey separado de su cargo y nombraron para sustituirlo al mariscal de campo Pedro Garibay.

En el Palacio del Arzobispado se encontraban las habitaciones privadas de los altos prelados de la Iglesia Católica, las oficinas, los tribunales, una fábrica de campanas y una cárcel eclesiástica, donde fue recluido el Lic. Francisco Primo de Verdad, quien murió ahí mismo en circunstancias misteriosas: según las autoridades amaneció muerto en su celda el 4 de octubre de 1808.